La defensa de Marlon Martínez, acusado de cometer homicidio agravado contra la adolecente Emely Peguero, solicitó al tribunal que conoce la acusación que revise las llamadas entrantes y salientes, así como las conversaciones entre él, su madre Marlin Martínez y la víctima. Con esta solicitud, la defensa técnica del imputado busca argumentar su teoría de que el aborto al que fue sometido la joven fue bajo mutuo consentimiento, y no un aborto inducido como se le acusa. La solicitud de resolución de peticiones en relación a una solicitud de obtención de pruebas, fue acogida parcialmente por el tribunal, puesto que la defensa del imputado también quería que se revisaran las comunicaciones con Simón Bolívar Ureña (El Boli), pedimento rechazado por la jueza debido a que con relación al Boli ya el procedimiento se hizo, por lo que consideró que hacerlo nueva vez sería un retroceso.
La solicitud de la defensa de Marlon fue hecha el 14 de marzo de 2018. Ante la solicitud, la jueza indicó que solicitará a la compañía telefónica que determine a quiénes pertenecen dichos números, para posteriormente solicitar el rastreo de llamadas. El pedimento consiste en rastrear las llamadas desde el 1 de agosto del año 2017 hasta el 1 de septiembre de 2017, para argumentar su versión de cómo ocurrieron los hechos.
Ante el acogimiento parcial de la solicitud, Ricardo Reyna, representante legal de Marlon Martínez, indicó que buscarán la forma de aportar al tribunal las conversaciones de WhatsApp y Facebook, para demostrar “cómo fue que ocurrió el hecho", y por qué "es un aborto de mutuo consentimiento y no un aborto inducido por nadie”. La jueza del Primer Tribunal de la Instrucción del distrito judicial de San Francisco de Macorís, Isolina Contreras, aún no ha acogido la solicitud de la defensa de los imputados de registrar las conversaciones de Marlon en las redes sociales.
Marlon Martínez es el primer acusado de dar muerte a la adolecente Emely Peguero, su pareja sentimental y quien estaba en estado de gestación, para quien la fiscalía de San Francisco de Macorís pide la pena de 30 años de prisión. Para Marlin Martínez, madre de Marlon, será pedida la pena de 20 años de prisión por complicidad y ocultamiento del cadáver. El cuerpo de la adolescente fue hallado el pasado 31 de agosto en la comunidad Cayetano Germosen, de la provincia Espaillat, luego de varios días de desaparecida.
