En un año y un mes se han producido tres asesinatos y dos suicidios que involucran supuestos casos de corrupción en tres instituciones del Gobierno, siendo el más reciente el homicidio del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez. Estos hechos han abarcado a la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y ahora la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). En estas dos últimas instituciones fueron cancelados sus directores José Joaquín Domínguez Peña, del CEA, y Manuel Rivas de la OMSA. El primer caso fue, en septiembre del año 2015, cuando el arquitecto David Rodríguez García se suicidó en un baño de OISOE, agobiado por las deudas, y víctima de extorsión de parte do dos ingenieros de esta institución.
Rodríguez García ganó un concurso para la construcción de una escuela en la comunidad Peralvillo de la provincia Monte Plata, por unos 21 millones de pesos, pero según dejó constar en dos manuscritos era extorsionado por Joel Soriano y Alejandro de los Santos.
“Me dejé llevar de promesas por parte de Yoel Soriano y Alejandro de los Santos, incurriendo en deudas que me son imposibles de pagar, pues ellos se han ido quedando con todo”, decía una de las notas dejada por el suicida y, en la otra, los llamaba “ladrones”. El caso fue a la justicia. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a seis y cinco años de prisión a cuatro implicados en el caso, por extorsión, asociación de malhechores y lavado de activos.
Alejandro Isidoro de los Santos, encargado del Departamento de Edificaciones de OISOE, fue condenado a seis años de prisión; mientras que Julio Rafael Pérez Alejo, Joel Soriano y Juan Romero Pérez fueron condenados a cinco años.
Dos homicidios y un suicidio
Un año y cinco meses después de la muerte de este arquitecto, en febrero del presente año, caen abatidos otros dos profesionales. Se trata de la muerte a tiros de los locutores Leonardo Martínez y Luis Manuel Medina, en la cabina donde transmitían un programa de radio en San Pedro de Macorís. La secretaria Dayana Isabel García resultó herida de bala. El agresor José Rodríguez, un día después, se suicidó y, de acuerdo con las investigaciones que aún están en curso, esto involucra las ventas irregulares de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar en esa provincia, donde el homicida-suicida había comprado 75 tareas en el distrito catastral de Pedro Santana.
A raíz de esta tragedia, el Poder Ejecutivo designó una comisión para investigar la titulación de solares del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la cual recomendó que los contratos de venta de esa institución con particulares que no habían finalizado sean rescindidos.
En el informe entregado al presidente Danilo Medina se estableció que a Rodríguez le fueron vendidas tres porciones de terrenos en las parcelas 15-A, del distrito catastral 16-4 del municipio de San Pedro de Macorís, 649 del distrito catastral 1 del municipio Ramón Santana y que a dos años de iniciada la compra de terrenos y habiendo invertido todo el capital del que aparentemente disponía para la compra y acondicionamiento de los mismos, se vio afectado por los procesos dilatorios e irregulares a los que fue sometido por parte del CEA.
Destacaron la entrega de un terreno que fue reclamado por la comunidad del Jagual, la presentación de varias propuestas de reubicación y la inviabilidad de la última propuesta. Los mismos terrenos habían sido vendidos a varias personas. Luego fue designada una comisión evaluadora de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), creada mediante decreto por el Poder Ejecutivo, la cual lleva las investigaciones en curso y pidió prorroga de un año para concluir los trabajos.
