Santiago.- El Ayuntamiento de Santiago hizo este martes un último llamado a los ocupantes irregulares de los espacios públicos para que trasladen sus negocios donde la ley se los permita y advirtió que, en caso de no acatar, se procederá a su retiro inmediato a partir del primero de mayo, tal como está consignado en las leyes. El ayuntamiento junto al Consejo del Plan Estratégico (CDES), el Ministerio de Medio Ambiente, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico (Acesensa), la Procuraduría de Medio Ambiente, la Asociación Dominicana de Ciegos, la Asociación de Pulgueros de Santiago (Asopuldesa), la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), seccional Santiago y la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), anunciaron acciones concretas y conjuntas para controlar y erradicar de las vías públicas, las obstrucciones al tránsito vehicular y la movilidad segura de los peatones.
En un documento de prensa, el cabildo indica que ha hecho “gestiones en correspondencia con la ley para que aquellos micros, pequeños y grandes comerciantes que están invadiendo los espacios públicos descontinúen dicha práctica”. “A todos estos sectores se les ha enviado notificaciones en correspondencia con la ley y los procedimientos por diferentes vías sin encontrar respuestas”, expresa la nota.
Señala que como resultado adverso de esta ocupación e invasión irregular de los espacios públicos, Santiago ha perdido más del 70% de los mismos en los últimos 30 años. “Hoy se hace inminente que todos contribuyamos para el rescate de los espacios públicos, específicamente en el respeto de las aceras en calles y en avenidas, áreas destinadas a preservar la seguridad de los transeúntes que a diario se encuentran con aceras obstruidas, ocupadas e invadidas por distintos tipos de negocios en franca violación de las leyes vigentes”, sostienen los organismos.
De acuerdo con la información las ocupaciones irregulares de los espacios públicos transgreden los mandatos y normas medioambientales establecidas en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, en la Ley 176-07, en las ordenanzas que rigen los ayuntamientos y los mandatos para facilitar el acceso a los espacios públicos a los discapacitados de la Ley 5-13.
Asimismo, dijeron que el uso indiscriminado y privado de los espacios públicos de Santiago viola la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en sus artículos 144 al 154, y transgrede la Ley 6232 de planificación urbana. Estos mandatos norman para que se facilite masivamente el acceso a los espacios públicos y especialmente imponen que las construcciones deban contar con permisos previos, asimismo controlan la instalación discrecional de rótulos, mensajes de publicidad exterior y anuncios en las vías públicas.
En ese sentido, la Alcaldía, representada por el alcalde Abel Martínez; Juan Carlos Ortiz, presidente del Plan Estratégico de Santiago; Eduardo Rodríguez, director del Ministerio de Medio Ambiente; José Octavio Reinoso Carlo, presidente de Acesensa, la magistrada Miriam Morel de la Procuraduría de Medio Ambiente, Fernando Bonilla de la FED, Ana García, presidenta del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci); Belkis García, presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI); Luis Jiménez (Boso) de Asopuldesa y las demás instituciones vinculadas al plan de ordenamiento y al plan estratégico de Santiago, entienden que se ha agotado el tiempo para que los violadores de los espacios se trasladen hacia lugares propios para instalar sus negocios.
En un documento de prensa, el cabildo indica que ha hecho “gestiones en correspondencia con la ley para que aquellos micros, pequeños y grandes comerciantes que están invadiendo los espacios públicos descontinúen dicha práctica”. “A todos estos sectores se les ha enviado notificaciones en correspondencia con la ley y los procedimientos por diferentes vías sin encontrar respuestas”, expresa la nota.
Señala que como resultado adverso de esta ocupación e invasión irregular de los espacios públicos, Santiago ha perdido más del 70% de los mismos en los últimos 30 años. “Hoy se hace inminente que todos contribuyamos para el rescate de los espacios públicos, específicamente en el respeto de las aceras en calles y en avenidas, áreas destinadas a preservar la seguridad de los transeúntes que a diario se encuentran con aceras obstruidas, ocupadas e invadidas por distintos tipos de negocios en franca violación de las leyes vigentes”, sostienen los organismos.
De acuerdo con la información las ocupaciones irregulares de los espacios públicos transgreden los mandatos y normas medioambientales establecidas en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, en la Ley 176-07, en las ordenanzas que rigen los ayuntamientos y los mandatos para facilitar el acceso a los espacios públicos a los discapacitados de la Ley 5-13.
Asimismo, dijeron que el uso indiscriminado y privado de los espacios públicos de Santiago viola la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en sus artículos 144 al 154, y transgrede la Ley 6232 de planificación urbana. Estos mandatos norman para que se facilite masivamente el acceso a los espacios públicos y especialmente imponen que las construcciones deban contar con permisos previos, asimismo controlan la instalación discrecional de rótulos, mensajes de publicidad exterior y anuncios en las vías públicas.
En ese sentido, la Alcaldía, representada por el alcalde Abel Martínez; Juan Carlos Ortiz, presidente del Plan Estratégico de Santiago; Eduardo Rodríguez, director del Ministerio de Medio Ambiente; José Octavio Reinoso Carlo, presidente de Acesensa, la magistrada Miriam Morel de la Procuraduría de Medio Ambiente, Fernando Bonilla de la FED, Ana García, presidenta del Centro de Capacitación para Ciegos (Cecapci); Belkis García, presidenta de la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI); Luis Jiménez (Boso) de Asopuldesa y las demás instituciones vinculadas al plan de ordenamiento y al plan estratégico de Santiago, entienden que se ha agotado el tiempo para que los violadores de los espacios se trasladen hacia lugares propios para instalar sus negocios.