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Recicladores desalojados de vertedero protestan por medida.



Santiago.- Los recicladores que desde el pasado lunes comenzaron a ser desalojados tras el fuego ocurrido en el vertedero de Rafey acusan al alcalde Abel Martínez de montar una trama para favorecer a la empresa Cilpen Global. Los directivos de la Asociación de Recicladores que acoge a 426 trabajadores aseguran que el incendio en el eco parque fue iniciado por empelados del cabildo con la intención de justificar la acción de desalojo.

Sandy Rosario, directivo de la entidad, asegura que ya la empresa Cilpen Global entregó parte del dinero a la alcaldía para poder operar y reciclar las 300 toneladas que fueron anunciadas.

“Con este fuego los únicos que salimos perjudicados somos nosotros, pues vivimos de reciclar la materia prima. Esto está claro, todo se trató de una trama del alcalde Abel Martínez para justificar sacarnos del vertedero”, dijo Rosario.

Durante una vigilia, en el que dejaron fuera a los supuestos indocumentados de nacionalidad haitiana, advierten que volverán a tomar el vertedero para retomar sus labores.

Juan Bautista Alcántara, dice que con el fuego ocurrido el pasado domingo, perdió 300 mil pesos en materia prima.

“Las cosas están claras, solo hay que ver que para contrarrestar el fuego,, los empleados del ayuntamiento en vez de taparlo con tierra, lo hicieron con los desperdicios de la zona franca”, apuntó Juan Bautista Alcántara.

En el caso de Domingo Zarzuela, asegura que las pérdidas por el incendio en el basurero municipal fueron e 50 mil pesos. Los recicladores se concentraron en el barrio la Mosca de Cienfuegos, donde residente la mayoría de los obreros.

El pasado lunes el alcalde Abel Martínez, condenó lo que calificó de actos vandálicos cometidos con el incendio provocado en el vertedero de Rafey, por atentar con la salud de la población y el desenvolvimiento de las labores de limpieza que lleva a cabo el Ayuntamiento de Santiago.

El ejecutivo municipal aseguró que estos actos tendrán consecuencias y que junto a las autoridades competentes iniciarían una investigación para determinar responsabilidades.